Tras los numerosos cuestionamientos sobre los distintos y marcados resultados en los sondeos electorales de las diferentes empresas dedicadas a esta actividad (y no solo en este proceso electoral presidencial), tenía que pasar esto. El sábado pasado leímos en una nota de La República.pe / Andina que las encuestadoras tendrán que entregar al JNE la base de datos de sus sondeos de opinión, que incluya los nombres de los entrevistados, sus DNI, teléfonos y direcciones, a fin de optimizar la fiscalización de esos estudios. El organismo electoral modificó para ese fin el reglamento del registro electoral de encuestadoras, mediante la resolución 038-2011, para “realizar un submuestreo de lo presentado, que permitirá verificar el grado de coincidencia, y catalogar la calidad de esta en tres niveles: no confiable, confiable y aceptable”.
El JNE señalaba que esta información proporcionada por las encuestadoras tiene carácter secreto y no podrá ser revelada de forma individualizada a efectos de no transgredir el secreto estadístico y la confiabilidad de la información. Además, las empresas encuestadoras también deberán incluir en sus informes que presentan ante el JNE, las tasas de respuestas y de no respuestas.
Asimismo, se mantiene la exigencia de entregar otra información como el detalle de las etapas de las encuestas, los objetivos, diseño muestral, distribución poblacional, etapas de muestreo, cuestionario íntegro de las preguntas planteadas, etc.
Ante este hecho, llegaron las opiniones de los directores de las compañías de encuestas, en primer lugar de Imasen y Datum, quienes indicaron que la disposición del JNE es exagerada y podría marcar "el fin de las encuestas".
Giovanna Peñaflor y Manuel Torrado, directores de Imasen y Datum, respectivamente, indicaron que en ninguna parte del mundo se exige este tipo de requisitos a las encuestadoras, por ello, consideraron necesario una aclaración de parte del organismo electoral.
Adelantaron que a través a la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM), donde Imasen y Datum se encuentran afiliadas, pedirán que los técnicos del jurado expliquen las implicancias de esta disposición.
Pero eso solo fue el inicio, en nota publicada ayer lunes en La República, los directores de las principales encuestadoras del país, CPI, Apoyo, y PUCP, Manuel Torrado, Alfredo Torres y Fernando Tuesta, se mostraron en contra de los nuevos requisitos que exige el JNE a dichas empresas al momento de realizar sus sondeos. "El JNE cuenta con toda la información necesaria para verificar nuestros sondeos", dijo Torrado en Radio Prorgramas del Perú.
El director de CPI, indicó además que "la medida es inédita a nivel mundial, y no tiene ningún sentido".
Por su parte, Alfredo Tores, de Ipsos Apoyo, se mostró completamente en contra de la medida y anunció que el órgano que agrupa a las referidas empresas, se presentarán ante el ente electoral, para expresarles su posición.
"Un empleado público tendría temor de manifestar su intención de voto al tener conocimiento que una entidad estatal (en este caso el JNE) sabría cual es su preferencia", dijo como ejemplo.
Ambos coincidieron en que además se podrían generar temores referentes a la seguridad ciudadana, si "se observa a supuestos encuestadores pidiendo datos personales a las personas".
Finalmente, Fernando Tuesta, del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, deslizó la posibilidad de que algunos técnicos hayan "podido soprender al JNE", al recomendarle una medida como la referida.
Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Leímos también en La República que hace un par de horas, la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado acordó suspender sus sondeos durante lo que resta de la campaña, ante la medida que obliga a las encuestadoras a revelar datos personales de sus entrevistados. Manuel Saavedra, director de CPI, informó que otro de los acuerdos fue enviar un petitorio al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para deje sin efecto la polémica disposición.
Según los representantes de las cinco principales empresas encuestadoras del país, la medida en cuestión, atenta contra el derecho al voto secreto, y ha sido calificada como absurda, incluso de "burocrática” y "chavista", esto debido a que dicha normativa incrementaría el nivel de rechazo a los sondeos de opinión. A esperar las consecuencia de esta medida considerada como "justa" por muchos y "opresora" por otros que consideran que las encuestas son utilizadas por los principales candidatos para sus propios intereses.
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