jueves, 7 de octubre de 2010

MAGISTRADOS QUE VERÁN ACTAS OBSERVADAS HAN SIDO SOMETIDOS A PROCESOS DISCIPLINARIOS

Siguiendo con el tema de las 8,384 actas observadas por la ONPE, tengo este interesante artículo de investigación escrito por Helio Ramos para el diario La Primera de título Jueces observados verán actas observadas por la ONPE, en el que se cuestiona sobre los magistrados que presiden los cinco jurados electorales especiales de Lima (JEE) que decidirán la suerte de las mismas...y esto porque más de uno ha sido sometido a procesos disciplinarios. Ummmm, pero mejor lean el artículo:

Pese a las promesas del JNE de transparencia plena, varios de los magistrados que presiden los cinco jurados electorales especiales de Lima (JEE) -que decidirán la suerte de 8,384 actas observadas por la ONPE-, fueron sometidos a procesos disciplinarios por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) bajo el cargo de inconducta funcional.

Es el caso de Felipe Sahua Jamachi, presidente del JEE-Lima Centro, a quien el CNM le abrió un proceso disciplinario en el 2008 por haber resuelto de manera contradictoria un caso que involucraba a Indecopi y a la Junta de Acreedores de la Empresa Radiodifusora 1160.SA. (Red Global S.A.), cuando era vocal supremo provisional de la Sala de Derecho Constitucional.

Aunque se le encontró responsabilidad en los hechos imputados, Sahua no fue destituido como magistrado por el Consejo, que recomendó al Poder judicial le aplique una sanción menor.

Pero Sahua no es el único cuestionado. Un año antes, el 2007, el CNM abrió proceso disciplinario contra Hugo Molina Ordóñez, presidente del JEE-Lima Sur, por haber omitido pronunciarse respecto a una excepción de prescripción deducida por el ciudadano José Manuel Reyes Apesteguía, en un proceso seguido en su contra por el delito de falsedad genérica.

En su resolución, el CNM sostiene que los hechos imputados tampoco ameritan destitución pero sí -tal como procedieron con Sahua-, una sanción menor. Cabe señalar que en este proceso, junto a Molina, fueron incluidos, entre otros magistrados, el vocal supremo Robinson Gonzales y el hoy presidente de la Corte de Lima, César Vega Vega.

Cuestiona idoneidad
Lo increíble de todo es que a pesar que el CNM recomendó aplicar las sanciones menores, el Poder judicial se hizo de la vista gorda y hasta hoy no ha tomado cartas en el asunto respecto a los casos de Sahua y Molina (mucho menos contra Gonzales y Vega Vega).

En diálogo con LA PRIMERA, el ex miembro del CNM Aníbal Torres, señaló que existe un “otoronguismo” en la Corte Suprema, que no acata las recomendaciones del organismo que sanciona magistrados y deja que los casos prescriban.

Torres cuestionó que magistrados como Sahua o Molina hayan sido nombrados por el presidente de la Corte de Lima para hacerse cargo de los jurados electorales especiales.

“Con estos antecedentes no es razonable que actúen con idoneidad y él (Vega Vega) debería tener más cuidado en nombrar a sus ‘compañeros’, por lo menos debería disimular”, dijo a este diario.

Más cuestionamientos
Pero Sahua y Molina tienen otros serios cuestionamientos. Según dio a conocer el conductor de televisión Jaime Bayly, en el programa “El Francotirador”, Sahua –como otros tres presidentes de los JEE- tiene fuertes vínculos con el Partido Aprista, lo que habría generado su separación del Poder judicial tras el autogolpe del 5 de abril, por el ahora encarcelado Alberto Fujimori.

Bayly señaló que Molina habría integrado la sala que archivó el proceso contra el Chileno Andrónico Luksic, en el caso Lucchetti, así como la que ordenara la libertad de Agustín Mantilla, acusado de recibir dinero de Vladimiro Montesinos para la campaña aprista.

Lo cierto es que, como vocal de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en el año 2004, Molina participó junto a Vega Vega en la emisión de tres resoluciones controversiales: la que declaró infundadas tres recusaciones presentadas por la Procuraría Anticorrupción, en los procesos seguidos contra los accionistas de la empresa Lucchetti (Luksic y Luis Pacheco) y el empresario Dionisio Romero.

Ayer, en declaraciones a Ideeleradio, Molina negó vínculos con algún partido político y que haya sido designado ‘a dedo’ por el presidente de la Corte de Lima. “Fui designado por el Consejo Ejecutivo de la Corte Superior según mandato de la Ley. En mi caso, primero fue designado el doctor Julio Pachas, que dejó el cargo por razones de salud”, agregó.

Pero no sólo Sahua y Molina tienen cuestionamientos. El vocal Juan Pablo Quispe Alcalá, presidente del JEE-Lima Oeste (cuyo caso tratamos en la siguiente página) fue acusado el 2006 de haber recibido dinero para que votase a favor de Fernando Zevallos (presidente de la extinta aerolínea Aerocontinente).

JNE y ONPE cambiaron reglas de juego
Un extraño cambio en las reglas de juego a última hora –el cual involucra por igual al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)-, determinó la gran cantidad de actas observadas (8,384 en total) que ponen en peligro la proclamación de la lideresa de Fuerza Social, Susana Villarán, como alcaldesa de Lima.

Con fecha 13 de setiembre, el Jurado emitió la resolución Nº 2319-2010-JNE por la que modifica el artículo 3 del reglamento del procedimiento aplicable a las actas observadas para las elecciones regionales, municipales y referéndum del Fonavi.

Según la jefa de ONPE, Magdalena Chu, el récord de actas observadas se debe a que se aplicó la modificación que el JNE dio quince días antes de los comicios municipales.

Sin embargo, no explicó por qué su despacho solicitó la modificación el 13 de setiembre pasado, justo el mismo día en que, con sospechosa celeridad, el organismo electoral resolvió el pedido.

La modificación que cambió todo el panorama electoral se realizó en virtud al Oficio Nº 1248-2010-SG/ONPE, a través de la Secretaría General de la ONPE, instancia de coordinación directa con Magdalena Chu. Las motivaciones de la norma son un misterio. Lo cierto es que los cuestionados jurados electorales especiales (JEE) resolverán las más de 8 mil 300 actas observadas por la ONPE sólo en Lima, es decir que resolverán sobre la voluntad y los votos de aproximadamente un millón y medio de ciudadanos de Lima.

Sobre este tema flotan algunas preguntas en el ambiente: ¿Por qué se han observado tantas actas en la capital? ¿Por qué esto no ocurre en provincias, donde la cifra de actas observadas es minúscula? ¿Acaso la norma tiene nombre propio?

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